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Rebelión – Manuel Ruiz Robles


justicia

Contrariamente a lo afirmado por el ex-ministro Francisco Fernández de la Mora en su reaccionaria obra “El crepúsculo de las ideologías” (Ed. Salvat. 1965), estas siguen vigentes, pues nadie es neutral ante los conflictos sociales.

Las Fuerzas Armadas, como parte indisociable del pueblo al que sirve, se encuentran atravesadas por las ideologías que emanan de las tensiones existentes en el seno de la sociedad. Estas ideologías no emergen solamente como consecuencia de los conflictos de intereses que enfrentan -en mayor o menor medida- a las clases sociales. También se generan por los antagonismos existentes entre las comunidades autónomas y el poder central del Estado.

Cuando estos conflictos se agudizan, como consecuencia de la lucha que se extiende entre las clases sociales, en su pugna desesperada por la existencia, el grupo social minoritario que ostenta el poder efectivo -la oligarquía financiera- se siente tentado a ir mas allá de lo que las leyes vigentes autorizan.

Es en esas situaciones cuando algunos altos mandos de las fuerzas armadas llegan a hacer declaraciones públicas que tangentean la Constitución, pervirtiendo su verdadero sentido, al no acatar que la soberanía nacional reside en el pueblo español.

Declaraciones que, a menudo, degeneran en auténticos pronunciamientos, modificando de forma fraudulenta, mediante el terror que inspiran las armas, la correlación de fuerzas en beneficio de una ínfima minoría social, privilegiada por su poder político, económico y mediático.

Cuando el Estado de Derecho fracasa, tiende a generalizarse una “Ley” no escrita que aplican sin contemplaciones estos personajes de alto “standing”. Transcribo esta “Ley” textualmente, rogando al posible lector me disculpe por la zafiedad de su expresión: “A los amigos el culo, a los enemigos por el culo, y a la gente corriente se le aplica la legislación vigente”.

Veamos casos concretos en los que se esta aplicando esta mafiosa “Ley”.

Al general que ha protagonizado recientemente unas declaraciones, ya famosas y dudosamente constitucionales, se le ha aplicado la primera máxima de esta “Ley”. Por el contrario, al presidente de AUME, el muy digno subteniente D. Jorge Bravo, se le ha aplicado rigurosamente la segunda, de modo contundente y sin contemplaciones.

De esta forma, se invierte la lógica de las cosas en favor del primero, es decir a favor de esa minoría privilegiada que se enmascara tras el falso concepto de Patria del citado general, mientras se reprime al segundo, el subteniente Bravo, que tan solo ha expresado opiniones legitimas en defensa de los intereses de sus asociados, como es su deber.

Otro caso flagrante de injusticia social son las masivas ordenes de desahucio. Este gravísimo “sunami “que se abate sobre nuestro pueblo, está originando una indignación creciente, fuertemente reprimida por las fuerzas del orden. Infinidad de familias, al borde de la desesperación, se ven arrojadas a la vía pública, sin la menor contemplación. Por otro lado, en indignante contraste, se activan poderosos resortes del Estado para oponerse a la investigación judicial, y posible procesamiento, de un destacado miembro de la Familia Real, por echos presuntamente delictivos.

Y por si esto fuera poco, se recurre a veladas amenazas disuasorias, desde las más altas instituciones del Estado, presionando a un Juez ejemplar que, en el cumplimiento estricto de su deber, intenta esclarecer presuntos delitos relacionados con la Familia Real.

Este inaceptable fracaso del Estado de Derecho, humilla no sólo a la Judicatura, sino a todo el pueblo español, del que según la Constitución emanan los poderes del Estado.

Ademas, parte importante de los medios de persuasión siguen controlados por los mismos poderes que sostuvieron la dictadura franquista.

Mediante el inmenso poder económico y mediático acumulado por estos poderes facticos -nada democráticos- se intoxican conciencias y se vuelven opacas a la mirada del pueblo sus “enriquecedoras” operaciones. Mientras que, por otro lado, estos mismos poderes pretenden monopolizar -como es notorio- el inestimable apoyo de una alta jerarquía que, ademas de ser la máxima autoridad del Estado, es inviolable: Su Majestad el Rey, jefe de las Fuerzas Armadas.

Por si todo esto no fuese bastante, se pretende extender esta asombrosa inviolabilidad constitucional, tan anacrónica, al resto de la Familia Real. Ello no puede ser interpretado de otro modo que como un intolerable e injustificado privilegio de casta, que les permitirá actuar como les venga en gana, con ridículas consecuencias judiciales.

La zafia “Ley” no escrita vuelve a aplicarse una y otra vez -con gran escándalo y alarma social- en flagrante contradicción con las solemnes declaraciones del Monarca.

La conclusión evidente a los ojos del pueblo español es que la justicia NO es igual para todos.

El descrédito del Régimen vigente, que agoniza entre clamores populares, y ha desembocado ya en un nivel de agitación social sin precedentes, hace inaplazable la necesidad de alcanzar un nuevo pacto social, avalado por un proceso constituyente auténticamente democrático.

Es necesaria una nueva Constitución, que no sea el resultado de una redacción compulsiva efectuada bajo el execrable chantaje de las armas, que la desprestigian y dañan gravemente. Hagamos visible su control ilegitimo sobre nuestra democracia y exijamos que se cumpla el principio: “todos los poderes del Estado emanan del pueblo español”. Por todo ello, indignado, reclamo -desde esta tribuna publica- los valores democráticos que desde hace más de dos siglos están indeleblemente grabados en la conciencia colectiva de nuestros vecinos del Norte: ¡Libertad! ¡Igualdad! ¡Fraternidad!

Manuel Ruiz Robles. Capitán de Navío de la Armada Retirado. Ingeniero de l’Ecole Superiure d’Electricita (Suplec). DEA Physique de l’Energie de l’University de Paris. Licenciado en Ciencias por la UAM. Membre bienfaiteur de l’ACER (Amigos de los Combatientes en la España Republicana). Adherent du Musee de la Resistance Nationale. Fue miembro de la Unión Militar Democrática (UMD).

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